Condenados por la inseguridad jurídica
Las consecuencias de la reciente sentencia sobre indemnizaciones a trabajadores interinos todavía están sin evaluar: hay tantas opiniones como profesionales se pronuncian sobre ella. Pero lo que es seguro es la inseguridad que se produce al alterar de forma relevante los compromisos que tienen las empresas y, en particular, aquellos que puedan afectar de forma especial a autónomos de pequeñas microempresas.
En realidad, el que a un interino haya que indemnizarle nos afecta a todos: todo lo que suponga mayor coste para la administración pública, al final lo asumimos todos los contribuyentes a escote. Puede que de alguna lectura superficial de la noticia se piense que eso sólo afecta al empleo público o las grandes compañías, y esto en modo alguno es así.
A modo de ejemplo, puede servir el caso de un autónomo que explota una actividad y que para sustituir una baja de una persona que tiene en plantilla, bien sea por excedencia de maternidad o por cualquier otra circunstancia, contrata a una persona para sustituirla durante ese período. En alguna medida, hasta ahora podía tener un coste prácticamente neutro, pero a raíz de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, y en la medida en que nuestro Estado no sea capaz de regularlo correctamente, a partir de ahora, cuando se reincorpore la trabajadora que fue sustituida, habrá que indemnizar a la persona interina (al rescindir la vinculación laboral) por el importe que proceda en función a la duración de su permanencia.
Este es un ejemplo de cómo la inseguridad jurídica daña a los administrados, y a ello hay que añadir el coste de la inseguridad que nace de la aplicación (por ciertos jueces) de una normativa que se adapta a los criterios y afinidades del juez que deba aplicarla. Al respecto no me resisto a reproducir un breve comentario que recientemente realizaba Ignacio Marco-Gardoqui en El Correo:
«Pero la seguridad jurídica se daña también si la justicia se aplica con retrasos exasperantes, se convierte en imprevisible y caprichosa y si sus decisiones dependen de las afinidades políticas de los jueces encargados de administrarla. Si ha tenido el infortunio de verse obligado a visitar un juzgado es más que probable que haya oído este comentario de sus abogados: “Si caemos en el Juzgado X ganamos y si nos toca el Juzgado Y perdemos seguro”. La verdad es que hoy en día hay jueces que muestran su cercanía a partidos políticos sin el mínimo pudor, por más extremos que sean sus postulados, y continúan emitiendo sentencias inspiradas en sus simpatías sin siquiera pestañear».
Volviendo a la posible indemnización derivada del criterio de la UE, habrá que esperar a conocer la regulación legislativa que establezca el Estado español, aunque vistas las presiones que está recibiendo de ciertos partidos y fuerzas sociales, más vale que pongamos espalda en pared ante lo que probablemente suceda.
Ángel T. Gago
Presidente
